Expertos destacan un aumento en la suscripción de seguros de responsabilidad civil médica, motivado por la necesidad de resguardar patrimonios en un contexto inflacionario. A pesar del avance, el mercado enfrenta retos por la creciente disparidad en los montos de indemnización. Opinan Fabián Vitolo, Gerente de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de Noble Seguros; Jorge Furlan, Coordinador General de Prudencia Seguros; Juan Ignacio De Luca, Auxiliar de Primera de Riesgos No Automáticos, y Sebastián Méndez, Jefe de Legales de Siniestros de Riesgos Varios y ART, ambos de Federación Patronal.
Escribe Lic. Aníbal Cejas
Los especialistas comenzaron por analizar la situación global del ramo RC Profesional, y coincidieron en que se advierte un incremento de la suscripción en RC No Médica, producto de una mayor conciencia aseguradora.
Fabián Vitolo, Gerente de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de Noble Seguros, consideró: «El seguro de responsabilidad médica tiene más de 40 años en el país y es un negocio maduro. Pese a esto, las operadoras en este ramo se pueden contar con los dedos de una mano y casi el 80% de la producción se concentra en tres compañías. Claramente, es un negocio que requiere de una alta especialización para ser rentable. La salida del mercado de varios operadores que no gestionaron adecuadamente este riesgo lo demuestra».
Y continuó: «Si bien en el sector Salud hay conciencia generalizada de la necesidad de una cobertura y hoy sería impensable que un profesional o una organización de salud trabajara sin ella, no hay una real dimensión de la importancia que tiene ir adaptando las sumas aseguradas al contexto inflacionario que vivimos durante gran parte del ejercicio pasado.
Nuestra última recomendación, por ejemplo, para un médico obstetra, máxima categoría de riesgo, es de $ 80 millones; para un cirujano general de $ 60 millones y para un clínico de $ 40 a $ 50 millones. Un hospital polivalente no debería tener una cobertura inferior a los $ 100 millones.
Estas sumas no están muy lejos de las que se exige en una RC automotor, y tanto los profesionales como las organizaciones de salud deben entender lo que cuesta compensar daños graves, muertes o incapacidades permanentes por mala praxis.
Otra característica de los últimos años es que cada vez son más los profesionales de la salud no médicos que toman esta cobertura, entre ellos farmacéuticos, psicólogos, kinesiólogos. En cuanto a la responsabilidad de otras profesiones como contadores, abogados o ingenieros, el mercado es muy marginal y no termina de despegar».
A continuación, Jorge Furlan, Coordinador General de Prudencia Seguros, mencionó: «En el último ejercicio económico financiero, que cerró el pasado 30 de junio del corriente año 2024, la prima emitida para RC en general no logró mantener un crecimiento a moneda actualizada equivalente con el crecimiento de los niveles de inflación. Fue aproximadamente un 20% inferior.
La cobertura dada para el sistema de salud está en un momento maduro del desarrollo que se logró a través de los últimos años, y su evolución a nivel de primaje global emitido tiene que ver fundamentalmente con los aumentos de capitales.
Entre los factores limitantes para una mayor evolución tienen que ver: la crisis del sector de la salud que hizo salir de mercado muchas instituciones o que fueron absorbidas por otras, la pandemia, y el estado de crisis de nuestra economía a lo largo de los últimos años».
Fabián Vitolo, Gerente de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de Noble Seguros; Jorge Furlan, Coordinador General de Prudencia Seguros.
Luego, Juan Ignacio De Luca, Auxiliar de Primera de Riesgos No Automáticos, y Sebastián Méndez, Jefe de Legales de Siniestros de Riesgos Varios y ART, ambos de Federación Patronal, observaron: «El ramo de Responsabilidad Civil Médica continúa creciendo en la suscripción. Hay conciencia aseguradora por parte de los médicos y organismos que los nuclean, respecto a la importancia de contar con una protección que ampare sus patrimonios por el ejercicio de su profesión.
Actualmente, la compañía tiene asegurados a más de 90.000 profesionales médicos en especialidades de todo tipo y en sus diferentes modalidades de cobertura de Base Ocurrencia y Claims Made.
Es de vital importancia que, ante un contexto inflacionario y en donde los montos promedios de reclamo van creciendo, las sumas aseguradas que se contraten se encuentren actualizadas.
Con el paso del tiempo observamos también que en otras profesiones no médicas la suscripción de pólizas va creciendo. Para el resto de las profesiones no médicas, tenemos emitidos más de 24.000 contratos, muestra cabal de que van comprendiendo el riesgo al que están expuestos y entienden que nadie está exento de cometer un error o negligencia en su trabajo diario».
Juan Ignacio De Luca, Auxiliar de Primera de Riesgos No Automáticos, y Sebastián Méndez, Jefe de Legales de Siniestros de Riesgos Varios y ART, ambos de Federación Patronal
Instituciones Médicas
Furlan analizó el aseguramiento en el segmento de instituciones médicas: «La RC Profesional demanda observar ciertos criterios en la suscripción que permitan realizar una labor complementaria de administración de riesgo sobre esa evaluación inicial y también agregar valor a la cobertura que ofrezca la compañía. Esos criterios se refieren al tipo de prestaciones que brinda la Institución, nivel de siniestralidad observada en la misma, cantidad de camas en los casos de internación, ubicación geográfica, texto de los consentimientos informados utilizados, forma del llenado de las historias clínicas, entre otros.
Es importante que esta tarea se realice mediante la participación de un profesional médico de la compañía y que apunte a tareas de prevención, al seguimiento de los incidentes o hechos adversos, a la asistencia permanente en casos de consultas, a la revisión de la forma de instrumentar los documentos de defensa de los asegurados, los consentimientos informados, las epicrisis, o los estudios practicados.
Los informes de los incidentes deben aportar datos, no sólo para la eventual defensa del asegurado ante el supuesto que se transforme en demanda, sino también para asesorar al asegurado sobre la repetición de incidentes de igual naturaleza, establecer una alerta sobre los casos en que puedan observarse descuidos en la prestación y evaluar el contenido de las historias clínicas para aconsejar sobre la forma de asentar su contenido e información de antecedentes. O bien, debe proveer elementos para evaluar las condiciones de renovación de la contratación para ajustar el costo técnico de la misma».
Luego, especificó: «En esta prestación para Instituciones Médicas, hemos entendido a la cobertura como una provisión de servicios orientada a hacer viable la suscripción del riesgo en lo que compete a la labor técnica de la compañía. Se adopta el rol de aliado o asesores del asegurado, de modo que la percepción que se logre en el asegurado sobre el costo del seguro no sea como el de un gasto más».
A esto, De Luca sumó: «Es relevante el conocimiento al detalle del equipamiento que tiene la institución médica, actividades que realiza, volumen de pacientes que atiende y cantidad de personal médico con el que cuenta para que la suma asegurada contratada sea la que mejor se adapte a sus necesidades y tenga utilidad ante la ocurrencia de un eventual siniestro.
En lo que respecta al seguro de Instituciones Médicas, la compañía tiene una política de suscripción acotada a centros de baja y mediana complejidad donde no se lleven a cabo internaciones de pacientes, emergencias médicas ni cirugías de alta complejidad. Apuntamos a instituciones médicas que sean centros de medicina laboral, laboratorios de análisis clínicos, consultorios psicológicos o psiquiátricos y consultorios externos con servicio ambulatorio».
Seguidamente Vitolo tomó la palabra y estimó fundamental lograr un equilibrio entre la disciplina para respetar las tasas de cada compañía, y el apetito por el riesgo.
Y subrayó: «Noble tiene 20 años en el negocio y nuestros suscriptores aún más. Nuestra base de datos de reclamos es muy grande y nos permite tener tasas para todo tipo de instituciones. Tenemos desarrollados más de 20 formularios específicos para cada actividad, con conocimiento de las diferencias entre el sector público, el privado y el de obras sociales.
En caso de que a partir de nuestro formulario surjan dudas, nuestros administradores de riesgo visitan o contactan a la institución para despejarlas. Al suscribir, también nos interesa la voluntad del potencial asegurado de cumplir con las recomendaciones de seguridad del paciente y de la documentación que elaboran nuestros equipos médicos especializados.
El análisis de la experiencia siniestral en los últimos cinco años, sobre todo en instituciones de más de 100 camas, es un requisito indispensable para presentar una cotización».
En ese sentido, Furlan agregó: «Es cierto que todo este esfuerzo económico que se vuelca en esta forma de realizar la prestación, en muchas ocasiones, sucumbe ante la realidad económica de una competencia con criterios de suscripción de corto plazo y exclusivamente economicista.
No obstante, la tendencia del seguro como servicio está redefiniendo rápidamente el futuro del sector asegurador y, en particular, la RC profesional de la actividad médica es un caso que se encuadra como ninguna otra cobertura en este concepto o tendencia.
Actualmente la transformación digital y la inteligencia artificial también están avanzando a un cambio de paradigmas en esta cobertura».
Montos
Por último, los profesionales mencionaron los montos promedio de las condenas en casos de Mala Praxis Médica en las diferentes jurisdicciones.
Vitolo comentó: «Es difícil establecer un monto promedio de sentencias en este momento porque la inflación y los intereses distorsionan mucho las indemnizaciones finales.
Los jueces no sólo recogen la inflación al momento de fijar el capital indemnizatorio, sino que también aplican intereses a tasas muy elevadas. Hay también diferencias regionales. En el sur del país, tenemos sentencias superiores a los mil millones de pesos. Mientras que, por ese mismo reclamo un tribunal del norte del país puede establecer un monto indemnizatorio de trescientos millones».
Además, expresó su preocupación por algunos fallos judiciales que desconocen condiciones acordadas en el contrato de seguro como deducibles y sumas aseguradas, así como también por la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en casos de praxis médica: «Esto agrega una nueva distorsión, al objetivizar la responsabilidad de Clínicas y Sanatorios por hechos cometidos por profesionales liberales que expresamente están excluidos de esa ley».
Desde Prudencia, Furlan hizo referencia a la experiencia que tuvieron en la compañía y marcó: «Durante el año 2023, los días promedios entre el cierre de una mediación y el inicio del juicio fueron de 117 días. Fue superior ese lapso en años anteriores, pero paulatinamente se redujo. Si tomamos el dato entre la fecha de ocurrencia del hecho adverso y la fecha de condena del juicio, en promedio fue de aproximadamente 2700 días.
A modo ilustrativo, el monto promedio de demanda respecto al stock de juicio que tiene nuestra empresa es de aproximadamente $40.000.000 en moneda actualizada.
En cuanto a los resarcimientos, existen criterios arbitrarios para determinar la actualización de las sumas aseguradas en las sentencia judiciales, que no guardan relación con las posibilidades financieras de las aseguradoras en sus inversiones y que se apartan de la técnica del seguro.
Las posibilidades de recurrir sentencias con montos disparatados son limitadas ya que el recurso final ante la Corte, recurso en queja, no impide el embargo con las consecuencias que trae para la operatividad de la compañía.
También se hace difícil y complejo el cierre de juicios porque, por lo general, hay más de un involucrado y no todos se encuentran en la misma situación para realizar un acuerdo o consorcios de pago para cerrar los casos. El costo de atención jurídica es muy alto y, a su vez, en la justicia se aplican diversos criterios para estimar el daño y los porcentajes aplicados en las sentencias», finalizó.
En la misma línea, Sebastián Méndez, de Federación Patronal, compartió: «En la actualidad, y desde hace aproximadamente 9 meses, aunque más acentuadamente desde el fallo ‘Barrios’ de la SCJBA, es muy difícil determinar con certeza cuál es el monto promedio que considerará cada sentencia por lesiones o muerte.
De la lectura de los fallos emitidos desde el mes de diciembre del 2023, o a partir de febrero del corriente año, se extraería que los magistrados han prestado especial interés en considerar la grave crisis económica que atraviesa el país desde hace muchos años, procurando que la víctima de un daño vea incólume el crédito que se le reconoce.
Al ser así, no existe un criterio uniforme al momento de valorar ese daño a valores actuales. Esto no sólo sucede al analizar sentencias de distintas jurisdicciones sino también al considerar criterios de distintos juzgados o tribunales en idéntica jurisdicción. Lo que ocurría excepcionalmente con algunas sentencias antes de diciembre del 2023, hoy parece ser casi una regla general.
Al momento de recurrir a criterios de actualización para lograr valores actuales se echa mano a parámetros como el precio del oro, el dólar estadounidense, el IPC, el RIPTE, SMVM o el CER, entre otros.
Esta gran incertidumbre dificulta la valoración del riesgo en juego y, por lo tanto, la tarea de las compañías que desde siempre nos hemos interesado en la rápida solución de conflictos».
Y prosiguió: «Claramente este escenario tan complejo dispara las pretensiones de los actores, resultando sumamente difícil encontrar una justa composición de intereses.
En algunas jurisdicciones en el corto plazo, por ejemplo Neuquén, a poco de modificar criterios ordenadores respecto de valoración de daño, se han vuelto a considerar criterios anteriores frente a lo exorbitante de los nuevos montos de condena.
Lo propio ocurre en el ámbito de la CSJN, tribunal que con sentencias como las recaídas en las causas ‘Oliva’ o ‘Lacuadra’ han pretendido imponer algún límite de razonabilidad a los inferiores, aunque por el momento sin resultados en la práctica. Si bien el origen de estas causas es laboral y no civil, la Corte ha tratado criterios que son tomados por los jueces con competencia en distinta materia para considerarlos en sus propias sentencias».
Por su parte, De Luca resaltó: «La supuesta adecuación de montos de indemnización a valores actuales tendrá impacto en el costo del seguro que cada asegurado, profesional o no, debería erogar para proteger su patrimonio mediante la contratación de un seguro que en algunas ocasiones es de contratación voluntaria y en otras obligatoria».
En cuanto a los montos promedio que aplican las distintas jurisdicciones, aseguró que los datos de un análisis de montos del último año mostrarían tal disparidad que harían muy dificultosa la tarea de ilustrar sobre cierto criterio de uniformidad aún comparando sentencias de una misma jurisdicción.
Aún así, comentó que se observa un incremento sostenido en la valoración de cualquier daño civil respecto de uno originado en una práctica efectuada por un profesional de la salud.
El especialista manifestó la expectativa de que se alcance un equilibrio en el que prime la seguridad jurídica y económica, lo que haría sostenible el negocio al cuidar los intereses de todos los actores: terceros, asegurados y aseguradoras.
